Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se consideran como el principal instrumento para la conservación del patrimonio natural, por ello, y para garantizar la protección del capital natural de nuestro país, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 plantea como una de sus principales metas, incrementar la superficie de ANP terrestres hasta alcanzar 17% de la superficie total del territorio nacional. Este Plan Estratégico deriva de la Convención de Diversidad Biológica de la cual México es uno de los países firmantes.

Las ANP, representan junto con los humedales prioritarios reconocidos por la Convención Ramsar, uno de los objetivos primordiales de los gobiernos en sus distintos órdenes, ya que, al establecerlas, se preserva y protege la biodiversidad de la nación, visión que comparte el Gobierno de Coahuila, para lo cual ha implementado un proyecto que permita ampliar la superficie protegida y los mecanismos de coordinación que permitan su mejor funcionamiento.

El 8 de marzo de 2016, se reformó el Capítulo I de Áreas Naturales Protegidas, dentro del Título Segundo De la Biodiversidad de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Coahuila, incluyendo nuevas categorías de manejo, que permiten ampliar el espectro de conservación en el estado, destacando dentro de ellas los esquemas de protección voluntaria, que permiten que de manera individual o colectiva solicitar la inclusión de los predios que son de su propiedad ya sea privada o social como Áreas Naturales Protegidas, esto ha permitido alcanzar la meta de cubrir el 17% del territorio bajo estos esquemas de protección . 

Derivado de esta reforma, también se crea el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas y Humedales Prioritarios, como un órgano de consulta y apoyo del Ejecutivo del Estado en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas que sean de competencia estatal, así como para la protección, conservación uso racional y restauración de los humedales prioritarios para el Estado.